El triunfo de Taiwán

La tercera guerra mundial que pudo comenzar en 2020 tiene dos contrincantes: el bloque Occidente – OTAN – Israel vs China – Rusia – Irán – Corea del Norte, y se ha desarrollado en diferentes campos de batalla, el objetivo primordial de la Alianza Atlántica es preservar su dominio ante el mundo y China, es el enemigo a vencer, un dragón desafiante, que creció de manera monstruosa en tiempo récord y es dueño absoluto de los medios de producción mundial; a pesar del optimismo del Sur Global, la derrota del «eje del mal» es una posibilidad, el siguiente artículo expone que pasaría luego del colapso del Partido Comunista Chino.

En un futuro no tan distante, China podría enfrentarse a una transición monumental, un escenario en el que el régimen actual cede ante las crecientes presiones internas y externas. Aunque el partido gobernante se ha fortalecido en su búsqueda de dominio global, también lidia con profundos desafíos estructurales. La economía china experimenta un declive drástico debido a políticas erróneas, mientras que una población que envejece y las bajas tasas de natalidad impactan la fuerza laboral y el sistema de seguridad social. El mercado inmobiliario está en crisis, el desempleo juvenil es alto y la corrupción política, junto con la ineficiencia burocrática, obstaculizan el progreso y la confianza pública. A nivel internacional, las tensiones comerciales y las políticas coercitivas de Pekín complican las relaciones, incluso con el Sur Global. Si bien China ha superado crisis en el pasado, un colapso repentino del régimen, aunque impensable para algunos, no está fuera del reino de las posibilidades, lo que exige una preparación estratégica para un futuro poscomunista.

Un colapso así presentaría un vacío político y social significativo. La sociedad china, con su arraigado concepto del «Mandato del Cielo», podría interpretar una caída del poder central como la pérdida de la legitimidad para gobernar. Esto abriría la puerta a diversas narrativas sobre la historia moderna de China, que han sido largamente suprimidas. Escritores, historiadores y ciudadanos comunes tendrían la oportunidad de reconstruir una memoria colectiva, un proceso cívico fundamental que ha sido obstaculizado por un control de información casi total. La función principal de cualquier gobierno, tanto dentro de China como en el extranjero, sería actuar como maestro de ceremonias, facilitando foros para el debate público, garantizando la libertad de expresión y abriendo los archivos oficiales para la investigación.

Dentro de este panorama, el destino del vasto aparato de seguridad e inteligencia del régimen sería una preocupación central. Los órganos de seguridad, como las oficinas de seguridad estatal y las oficinas de seguridad pública a nivel provincial y municipal, operan bajo una estructura de doble subordinación, reportando tanto a sus ministerios en Pekín como a los comités locales del partido. Esta dualidad podría llevar a la fragmentación de la autoridad en un escenario de colapso. Ante un declive de la autoridad central, algunas autoridades locales, especialmente las que poseen poder coercitivo, podrían ver una oportunidad para buscar su propio camino. La clave para la comunidad internacional sería recopilar información detallada sobre el personal clave a nivel provincial y municipal, incluyendo evaluaciones psicológicas, para comprender sus motivaciones. La exposición de cómo países como Alemania, Portugal y los estados bálticos desmantelaron sus redes de policía secreta y abrieron sus archivos al público podría servir como un modelo crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en una China poscomunista. El objetivo principal sería neutralizar las funciones represivas de estos servicios y orientarlos hacia roles de seguridad pública y defensa nacional.

En el ámbito económico y financiero, la reestructuración sería una tarea colosal. El sistema financiero actual del régimen se asienta sobre cimientos fundamentalmente inestables, plagado de préstamos en mora, activos con precios incorrectos y deudas ocultas que ascienden a billones. Los cuatro bancos más grandes de China, cruciales para los objetivos políticos y estratégicos del partido, son técnicamente insolventes y dependen de inyecciones continuas de capital por parte del banco central. La magnitud de la deuda corporativa, que representa el 159% del PIB del país, es alarmante. Afortunadamente, la limitada integración del renminbi en el sistema financiero global significa que un colapso interno probablemente no desencadenaría una crisis financiera global.

La reconstrucción económica posterior al colapso del régimen requeriría medidas decisivas. El proceso debería enfocarse en la recapitalización de los bancos principales, la repudiación de deudas ilegítimas, la privatización de activos estatales y una descentralización fundamental del sistema financiero. Esto permitiría a China liberarse del control que ha sofocado su potencial económico. Un aspecto crítico sería la gestión de la moneda digital emitida por el banco central, que el régimen ha promovido como una herramienta de política exterior coercitiva y un mecanismo de vigilancia global. Esta moneda debería ser «desconectada» rápidamente para evitar su uso en la evasión de sanciones y la manipulación de la autonomía de otros estados. Proteger a los depositantes ordinarios y evitar la fuga ilícita de capitales serían prioridades. La experiencia de Japón después de la Segunda Guerra Mundial en la gestión de activos en dificultades podría servir de modelo para reestructurar el sector inmobiliario y devolver los activos saneados al mercado privado. La descentralización bancaria, con «muchos y pequeños» bancos que operen a nivel regional y local, sería clave para evitar la creación de burbujas de activos y fomentar un sistema financiero más robusto y menos frágil.

Desde una perspectiva militar, la caída del régimen abriría una oportunidad para transformar un gigantesco aparato de seguridad que ha estado orientado hacia la proyección de poder y la hegemonía global. La fuerza militar, que incluye al Ejército Popular de Liberación (EPL), la Policía Armada Popular (PAP) y la Milicia Popular, suma millones de efectivos. Una China poscomunista debería optar por una fuerza militar más reducida, profesional y responsable, enfocada en la defensa nacional y la ayuda en desastres, en lugar de la represión política o las ambiciones hegemónicas. Esto implicaría una drástica reducción del número de sus ejércitos de grupo, la flota naval y las fuerzas aéreas.

El cambio también significaría abandonar objetivos como la anexión de Taiwán y las disputas territoriales en el Mar de China Meridional, o la meta de la hegemonía global y galáctica. La comunidad internacional, especialmente las democracias, debería ofrecer asistencia para esta demovilización y profesionalización, posiblemente a través de un cuerpo de reconstrucción multilingüe. La cooperación en el ámbito espacial, que bajo el régimen actual se ha enfocado en la superioridad militar y el dominio del sistema Tierra-Luna, podría transformarse en una colaboración pacífica para el crecimiento económico y el avance científico, siguiendo ejemplos como la cooperación espacial entre Estados Unidos y Rusia después de la Guerra Fría, con la condición de establecer regímenes de transparencia y control de los sistemas militares en el espacio.

En cuanto a la reforma constitucional y política, el primer paso sería abandonar la constitución existente y redactar una nueva. Esto se lograría a través de una convención constitucional compuesta por representantes de diversas categorías: provincias, partidos políticos, sectores sociales (educación, trabajo, empresas, grupos religiosos), minorías, mujeres, expertos en derecho constitucional, ciudadanos comunes y la diáspora. La participación pública y la transparencia serían fundamentales en este proceso. El parlamento responsable de aprobar la nueva constitución no podría ser el actual Congreso Nacional Popular, sino uno verdaderamente elegido de forma democrática.

La nueva constitución buscaría elevar los derechos humanos fundamentales a una posición primordial, establecer una estructura de gobierno democrática con un sistema parlamentario bicameral y una presidencia ceremonial. También se propondría un sistema federal que defina la autonomía local para cada provincia, con una autonomía aún mayor para las regiones autónomas minoritarias en aspectos como el idioma y la escritura. La independencia judicial y la nacionalización del ejército, separándolo de cualquier partido político, serían pilares de este nuevo marco.

Las regiones autónomas de China (Hong Kong, Xinjiang, Tíbet, Mongolia Interior, Guangxi y Ningxia), que albergan a poblaciones significativamente oprimidas, enfrentarían decisiones cruciales sobre su futuro estatus político. La comunidad internacional debería estar preparada para apoyar su autodeterminación, siempre y cuando se adhieran a principios democráticos, respeten las fronteras existentes (o las negocien pacíficamente), preserven los derechos humanos y la ley internacional. Casos como el de Hong Kong, con su sólida experiencia democrática y economía vibrante, o Xinjiang, con el genocidio sufrido por su población, demandarían un apoyo específico hacia la independencia, si esa fuera la voluntad de sus pueblos. Las fronteras de estas regiones, especialmente en Tíbet y Xinjiang, podrían requerir ajustes, considerando la composición demográfica y la histórica migración de población.

La relación con Taiwán requeriría un enfoque delicado. Dado el largo período de separación y la consolidación democrática de Taiwán, no se debería priorizar la reunificación inmediata. En cambio, una China poscomunista debería reconocer el statu quo, estableciendo una relación de «un país, dos gobiernos» o «un país, dos administraciones», lo que implicaría el reconocimiento legal de la jurisdicción de Taiwán sobre su territorio y permitiría a Taiwán unirse a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.

Finalmente, el propio partido gobernante, tal como lo han hecho otros partidos comunistas en transiciones similares, probablemente dejaría de existir, ya sea a través de su disolución (con sus miembros formando nuevos partidos) o una transformación radical que implique el cambio de su nombre, bandera e ideología. La eliminación del término «Popular» del nombre del país, transformando la República Popular China en simplemente «República de China» o un nombre como «República Federal China», también sería un potente símbolo de la nueva era.

En síntesis, la potencial caída del régimen actual en China representa una encrucijada histórica. Si bien las fuerzas en contra de una transición pacífica son inmensas, la oportunidad de construir una China libre, próspera y en paz consigo misma y con el mundo es igualmente vasta. La preparación estratégica de la comunidad internacional, con un enfoque en la asistencia humanitaria, la seguridad de riesgos críticos, la reestructuración económica y militar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y la facilitación de un diálogo constitucional, sería crucial para asegurar que esta transición se convierta en un hito positivo para la humanidad.